Una vez definida la metodología general de asignación y reserva de recursos, el siguiente paso consiste en su aplicación práctica y estructurada sobre cada sistema de explotación, utilizando como base los resultados obtenidos en los balances detallados y la información existente sobre concesiones, demandas, prioridades y condiciones de gestión.

Esta tarea busca traducir los diagnósticos técnicos en una propuesta concreta de reparto del recurso hídrico, que sea coherente con los principios definidos, técnicamente justificable y alineada con los objetivos del plan hidrológico. La asignación no se limita a repartir volúmenes, sino que incorpora el análisis de garantías, la programación de reservas para usos futuros, y la evaluación de medidas necesarias para resolver déficits o conflictos.

El proceso debe desarrollarse con una lógica operativa clara, manteniendo la trazabilidad entre los resultados del balance, la caracterización de las demandas y las decisiones adoptadas en términos de asignación y reserva.

Paso 1: Revisión y recopilación de datos necesarios para aplicar el proceso de asignación y reserva

Antes de ejecutar el proceso de asignación y reserva de recursos hídricos, es fundamental contar con un conjunto mínimo de información técnica y administrativa que permita aplicar el procedimiento de manera coherente, trazable y técnicamente justificable.

Este paso tiene como objetivo asegurar que los datos que sustentan las decisiones estén disponibles, actualizados y correctamente integrados en el modelo o herramienta utilizada. La calidad y completitud de esta información condiciona directamente la fiabilidad de los resultados de asignación.

A continuación, se enumeran los principales grupos de datos requeridos:

 a) Resultados del balance hídrico por sistema de explotación

• Volúmenes demandados y efectivamente servidos por tipo de uso y unidad de demanda.
• Porcentajes de cobertura y niveles de garantía alcanzados en distintos escenarios hidrológicos.
• Identificación de déficits estructurales o zonas de presión.

b) Información sobre concesiones y derechos de uso

• Concesiones otorgadas por tipo de uso, localización y caudal autorizado.
• Fecha de otorgamiento y vigencia, si se dispone.
• Distribución geográfica de los usuarios dentro del sistema de explotación.

 c) Demanda futura prevista

• Proyectos de desarrollo en planificación o trámite (urbanísticos, agrícolas, industriales).
• Planes sectoriales o instrumentos de ordenación territorial que justifiquen nuevas demandas.
• Información sobre la temporalidad estimada de la demanda futura (a corto, medio o largo plazo).

d) Criterios técnicos y ambientales para asignación y reserva

• Orden de prioridad entre usos, si está establecido.
• Objetivos de sostenibilidad y restricciones ambientales aplicables (como cumplimiento de caudales ecológicos o control de sobreexplotación).
• Reglas técnicas de reparto incluidas en la metodología general definida en el plan.

e) Representación espacial y funcional del sistema

• Relación entre cuerpos de agua, infraestructuras, nodos de demanda y puntos de control.
• Ubicación de embalses, captaciones, retornos, transferencias y otras variables que afectan la distribución operativa del recurso.

Paso 2: Determinar los volúmenes asignados por tipo de uso en cada sistema de explotación

Para cada sistema, se debe consolidar el resultado del balance hídrico, distinguiendo los usos cuya demanda ha sido atendida con un grado de cobertura considerado aceptable (en función de criterios técnicos definidos).

La asignación se expresa como volumen anual asignado por tipo de uso y, en caso necesario, también mensual o estacional si el comportamiento del sistema lo requiere.

Paso 3: Estimar el nivel de garantía alcanzado para cada uso (frecuencia de cobertura)

El nivel de garantía es un indicador de frecuencia o fiabilidad con que un uso puede ser atendido. La garantía es característica de cada demanda, tal y como se ha explicado en Garantía de las demandas. Se suele expresar como:

• Porcentaje de años en que la demanda se cubre hasta un determinado nivel de fallo.
• Porcentaje medio de cobertura.

El nivel de garantía aceptable puede variar según el tipo de uso. Por ejemplo:

• Abastecimiento urbano: garantía muy alta (>95–98 %).
• Agrícola: garantías medias o variables según cultivos.
• Industria: garantías específicas según procesos.

Paso 4. Verificar la coherencia de las asignaciones con el balance y con los objetivos ambientales

Toda asignación debe ser coherente con los recursos realmente disponibles y con las limitaciones técnicas, ambientales o normativas del sistema.

En particular:

• No debe haber asignaciones que generen sobreexplotación o deterioro del estado de los cuerpos de agua.
• Se debe asegurar que se cumplen los caudales ecológicos, restricciones operativas y otras de carácter técnico o administrativo que deban tomarse en consideración.

Si se detectan asignaciones que comprometen el equilibrio del sistema, debe optarse por reducirlas, condicionarlas o priorizar alternativas de gestión.

Paso 5: Representar las asignaciones mediante tablas comparativas y gráficos de cobertura

Los resultados deben presentarse de forma clara y operativa, mediante:

• Tablas por sistema que muestren:
  • Volumen demandado por uso.
  • Volumen efectivamente asignado.
  • Nivel de garantía alcanzado.
• Gráficos de cobertura que representen:
  • Porcentajes de atención en distintos escenarios.
  • Distribución mensual o estacional de la asignación.

Paso 6: Análisis de escenarios de déficit

Este paso permite detectar aquellos sistemas de explotación o unidades de demanda en los que las demandas no pueden ser atendidas adecuadamente, evidenciando un déficit estructural. Esta identificación es clave para priorizar medidas correctoras o revisar las estrategias de asignación y reserva.

A continuación, se enumeran los pasos necesarios para la ejecución de dicho análisis:

1. Revisión de los resultados de los balances hídricos.
2. Comparación entre el volumen demandado y el volumen servido, por tipo de uso y unidad de demanda.
3. Cálculo del déficit absoluto y relativo:
   1. Déficit absoluto: volumen no atendido (hm³/año).
   2. Déficit relativo: porcentaje de la demanda no cubierta.
4. Identificación de unidades con déficit sistemático, es decir, donde el incumplimiento de cobertura conforme a los criterios de garantía adoptados.
5. Cartografía de zonas con déficit estructural, indicando:
   1. Qué tipo de usos están afectados.
   2. Qué parte del sistema se ve comprometida (zona alta, media, baja).
   3. La magnitud del problema.

Paso 7: Alternativas de gestión ante déficit estructural

Una vez identificadas y cartografiadas las áreas o unidades de demanda con déficit estructural, se propone evaluar de forma prioritaria las siguientes opciones de gestión (no excluyentes entre sí), que pueden aplicarse de manera combinada estas alternativas deberán tenerse en cuenta en el Programa de Actuaciones:

Mejora de la gestión actual

• Revisar y ajustar las reglas operativas de embalses y trasvases para maximizar la eficiencia en la distribución de caudales cuando la disponibilidad es limitada.
• Implementar mejoras en la operación de conducciones (ej.: reducción de pérdidas por fugas, revisión de válvulas y puntos de control) para incrementar el volumen realmente transportado.
• Refinar las prioridades de asignación entre usos consolidados, de modo que, en años secos, se asegure suministro mínimo a abastecimiento humano y caudales ecológicos antes que otros usos.

Inversiones en nuevas fuentes y ampliación de infraestructura

• Evaluar la construcción de plantas de tratamiento y reutilización de agua residual (agua regenerada) para destinarla a riego o procesos industriales, reduciendo la presión sobre fuentes convencionales.
• Considerar la factibilidad de plantas desaladoras en zonas costeras o áreas con salinización de acuíferos, cuando se demuestre un déficit recurrente que no pueda atenderse con fuentes superficiales o subterráneas.
• Identificar posibles obras de regulación adicionales (embalses complementarios, represas de baja altura, estanques de recarga inundados) para acumular excedentes en periodos húmedos y disponer de reservas en años secos prolongados.

Programas de ahorro y eficiencia en la demanda

• Desarrollar campañas de uso eficiente del agua en riego (Por ej., riego por goteo, aplicaciones de sensores de humedad), con el fin de disminuir la demanda agrícola.
• Promover la instalación de contadores y sistemas de detección temprana de fugas en redes urbanas, con el objetivo de reducir pérdidas de agua potable.
• Fomentar incentivos (subvenciones o tarifas diferenciadas) para industrias que adopten procesos de circuito cerrado o reciclado interno de agua.

Reasignación temporal o definitiva de usos

• En contextos de déficit severo, revisar la posibilidad de reasignar temporalmente volúmenes destinados a usos secundarios (Por ej., ciertos volúmenes de riego) hacia el abastecimiento urbano, garantizando mínimamente el derecho al agua potable.
• Si se confirma que un sistema presenta déficit estructural, evaluar la reubicación de cultivos intensivos en otras áreas o la reducción planificada de concesiones hidráulicas para usos no prioritarios.

Medidas complementarias de gobernanza y normatividad

• Ajustar los instrumentos regulatorios (ordenanzas, decretos) para reflejar las nuevas prioridades en años críticos, de modo que los usuarios (públicos y privados) conozcan claramente los procedimientos de corte o restricción.
• Establecer un sistema de alerta temprana que combine datos hidrológicos y meteorológicos para anticipar déficits en meses crecientes, de forma que se active con suficiente antelación alguno de los mecanismos mencionados (optimización, reasignación, etc.).
• Promover acuerdos de colaboración entre cuencas vecinas (o con cuencas transfronterizas, cuando corresponda) para coordinar volúmenes de transferencia en emergencias hidrológicas.