La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) constituye un instrumento fundamental para garantizar que los planes hidrológicos incorporen, desde su fase de diseño, los principios de sostenibilidad, la integración de criterios ambientales y sociales, y la prevención de impactos acumulativos y sinérgicos derivados de las políticas de gestión del agua. Su finalidad es asegurar que las decisiones estratégicas adoptadas en el marco del plan hidrológico estén orientadas a la protección del recurso hídrico y de los ecosistemas vinculados, a la adaptación frente a escenarios de cambio climático y a la mejora de la gobernanza, todo ello debidamente alineado con las distintas estrategias ambientales adoptadas por el país. Es decir, el mecanismo de EAE ayuda a que durante la redacción del plan hidrológico se tome en consideración el logro, además de sus objetivos específicos, de otros aspectos estratégicos ambientales conexos adoptados por el país, por ejemplo una política de protección de determinados espacios o comunidades, objetivos de emisiones de GEI, determinadas políticas energéticas o de adaptación, etc, para que el plan hidrológico actúe sinérgicamente con dichas líneas estratégicas, dentro de lo posible.

En el contexto latinoamericano, donde los marcos normativos y capacidades institucionales son heterogéneos, la EAE se concibe como un proceso transversal al propio plan hidrológico, adaptado a la escala de cuenca y que permite integrar consideraciones ambientales y sociales aun en contextos de información limitada. Así como la técnica de la evaluación ambiental de proyectos (evaluación de impacto) está extendida en Latinoamérica, la evaluación ambiental estratégica de planes o programas solo está prevista, regulada y formalmente establecida en algunos países (Argentina, Chile, Honduras… por ejemplo). No obstante, la mayor parte de los países latinoamericanos cuentan con mecanismos, aunque sean incipientes, para afrontar el proceso, disponiendo de diversas guías preparadas para ello.

En el proceso de EAE es preciso diferenciar, al menos, tres actores con funciones claramente diferenciadas:

• El que prepara el plan hidrológico (órgano responsable o promotor)
• El que, dado el caso, aprobará el plan hidrológico disponiendo el despliegue de sus efectos (órgano sustantivo).
• El que lo evalúa ambientalmente (órgano ambiental).

Las regulaciones particulares de cada país pueden haber utilizado otras denominaciones, pero en cualquier caso es imprescindible la existencia de una autoridad u órgano competente para realizar la evaluación. Sin dicho órgano o autoridad ambiental la práctica de la EAE no pasa de ser un ejercicio voluntarista del responsable o promotor del plan, que contribuirá a su reforzamiento técnico, pero que difícilmente podrá resultar prescriptivo.

El objetivo principal de la EAE en un plan hidrológico es asegurar que la planificación del uso, gestión y conservación del recurso hídrico se realice de manera ambientalmente sostenible y alineada con las políticas ambientales estratégicas asumidas por el país, y que dicha planificación es socialmente equitativa y técnicamente viable, anticipando impactos, evaluando alternativas y promoviendo la participación de los actores involucrados.

La EAE aporta múltiples beneficios en el contexto de un plan hidrológico:

1. Prevención de impactos negativos antes de que ocurran.
2. Mejora de la calidad del plan, al integrar criterios ambientales desde el inicio.
3. Evaluación de alternativas estratégicas (infraestructura, conservación, gestión).
4. Fortalecimiento de la gobernanza del agua, al fomentar la participación pública.
5. Reducción de conflictos socioambientales, al considerar intereses diversos.
6. Cumplimiento normativo e internacional, alineando el plan con marcos legales y acuerdos globales.