La planificación hidrológica y la GIRH

La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) es la mejor estrategia para asegurar una gestión sostenible, que garantice la protección y conservación de los recursos hídricos compatibilizándola con el desarrollo socioeconómico que los utiliza como factor de producción. Es una de las claves para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento y poder avanzar en el cumplimiento de la Agenda 2030 y muy en particular del ODS 6, Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. De hecho, la meta 6.5 del ODS 6 pretende de aquí a 2030, implementar la GIRH a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda.

La gestión integrada del agua se asienta en la planificación hidrológica, por ser la herramienta más eficaz para la distribución eficiente y solidaria del recurso disponible.  Permite la identificación de las medidas y actuaciones que hacen posible llevar a cabo esa distribución de manera sostenible tanto desde el punto de vista económico, como social y medioambiental. Por lo tanto, la GIRH como proceso conducente a una gestión eficiente y una oferta equitativa y sostenible de los recursos hídricos, será la vía a seguir para garantizar la seguridad hídrica y alcanzar el desarrollo sostenible.

De acuerdo con la definición de UN-Water, la seguridad hídrica se entiende como “la capacidad de una población para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad aceptable para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política”.(UN-Water (ONU -Agua), 2013).

Planificación hidrológica-GIRH-Seguridad hídrica. Fuente: Elaboración propia

La planificación hidrológica se materializa en los instrumentos de planificación que independientemente del nombre que reciban en cada país, de acuerdo con sus marcos normativos y políticas públicas, a efectos de esta guía de planificación se los denominará, de forma genérica: “planes hidrológicos” o simplemente “instrumentos de planificación”.

La definición generalmente aceptada para la GIRH es la formulada por la Global Water Partnership: es un proceso que promueve el desarrollo y manejo coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales.

A partir de esta definición, a continuación se identifican los elementos que habrá que tener en cuenta en el desarrollo de la planificación hidrológica y en la normativa que la sustenta si se asume que los instrumentos de planificación se desarrollan con visión de gestión integrada de recursos hídricos:

1. La gestión de los recursos hídricos es un proceso continuo, luego la elaboración de los instrumentos de planificación deberá ser un proceso reiterativo: Proceso cíclico y adaptativo de planificación, donde cobran importancia el seguimiento y la revisión del plan.

2. La GIRH implica la coordinación de la política del agua con otras políticas sectoriales. De hecho, la política del agua debe estar al servicio de otras políticas sectoriales en relación con los usos del agua, en particular los usos productivos, contribuyendo a materializar sus estrategias y planes sectoriales velando por su compatibilidad con la gestión sostenible del recurso hídrico y la sostenibilidad de los ecosistemas asociados: Coordinación intersectorial, elaboración de los planes en coordinación con otras políticas y planificaciones sectoriales.

3. La definición de GIRH señala la relación entre el recurso hídrico y la consecución del bienestar económico y social con criterios de sostenibilidad, aparece la consideración del agua como bien de carácter económico, social y ambiental: Considerar el agua como bien económico, ambiental y social.  Garantizar de su disponibilidad con criterios de sostenibilidad derivadas de su carácter de bien económico.

4. El concepto de sostenibilidad de los ecosistemas supone la concepción del agua como un bien ambiental, lo que implica la necesidad de la protección de su calidad en un sentido amplio, ecosistémico: Considerar como elemento básico la protección de los recursos hídricos. Adicionalmente esto implica incluir el principio “quien contamina paga”.

5. De los dos últimos elementos señalados, regulación y ordenación de los usos del agua, garantizando su disponibilidad, y el aseguramiento de su protección, se deriva otro elemento a contemplar: Garantizar la sostenibilidad en el tiempo de estos dos elementos requiere un régimen económico financiero adecuado. Esto implica incluir el principio de recuperación de costes.

6. El carácter de bien social y el bienestar social debe alcanzarse de manera equitativa. Esto implica que los objetivos de la política de recursos hídricos y las medidas para alcanzarlos deben ser aceptados socialmente: Integrar la participación pública en el proceso planificador de forma inclusiva, ordenada e informada y tener en consideración las estrategias de desarrollo que velen por el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país. Se debe prestar especial atención a la necesidad de involucrar a los grupos vulnerables y a las mujeres. La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua.

7. Garantizar la sostenibilidad implica también considerar en la gestión la incertidumbre asociada a los efectos del cambio climático: Considerar el cambio climático a la hora de desarrollar los instrumentos de planificación y, en consecuencia, las medidas y actuaciones que generen resiliencia climática.

Por último, es necesario citar la importancia de la gradualidad en la implementación de la GIRH. Como se desprende de todo lo expuesto, la GIRH es un proceso complejo. Su plena implementación requiere disponer de una gran cantidad de información sobre el medio hídrico, el medio natural y sobre los usos y demandas asociados. Contar con esta información, con las necesarias herramientas de gestión, los procedimientos de implementación y las estructuras administrativas necesarias requiere tiempo, capacitación y asignación presupuestaria, lo que se resume en la necesidad de un marco de gobernanza adecuado.

GIRH y planificación hidrológica desde un enfoque de Derechos Humanos al agua y al saneamiento (DHAS)

La planificación hidrológica, al asegurar una gestión sostenible de los recursos hídricos, es fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ya que garantiza el acceso equitativo y asequible a estos servicios, priorizando a los grupos vulnerables y la salud ambiental. La planificación hidrológica es una estrategia de gestión que busca equilibrar la oferta y la demanda de agua, asegurando su disponibilidad para todos los usos y protegiendo el medio ambiente, mientras que el derecho humano al agua es la garantía de que toda persona tenga acceso a un suministro de agua suficiente, salubre, asequible, aceptable y físicamente accesible para el consumo personal y doméstico. Por lo tanto, la planificación hidrológica debe ser un instrumento para garantizar este derecho fundamental, priorizando el consumo humano y la sostenibilidad del recurso. 

La incorporación del enfoque de derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS) en la planificación hidrológica supone un cambio de perspectiva respecto a los enfoques tradicionales centrados exclusivamente en la gestión del recurso. Desde este enfoque, la planificación no debe limitarse a optimizar la asignación del agua entre los distintos usos, sino que debe orientarse a garantizar que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos, incorporando criterios de equidad, no discriminación, participación, transparencia y rendición de cuentas en todas las decisiones relativas al agua.

Este planteamiento es plenamente compatible con los principios de la GIRH, ya que ambos persiguen una gestión sostenible, eficiente y equitativa del recurso. A esto, el enfoque basado en derechos humanos aporta una dimensión adicional al situar a las personas y sus necesidades esenciales en el centro de la planificación.

En 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 64/242 reconociendo que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Este derecho queda recogido en diversas constituciones de Iberoamérica.

Desde una perspectiva de derechos humanos, el agua debe ser: 

• Suficiente: Cantidad mínima para beber, higiene, cocina y uso doméstico. 
• Salubre: Libre de microorganismos y sustancias peligrosas para la salud. 
• Aceptable: Con características de color, olor y sabor aceptables. 
• Accesible: Con una ubicación física próxima y un tiempo de desplazamiento razonable. 
• Asequible: A un costo que no comprometa la capacidad de las personas para adquirir otros bienes y servicios esenciales. 

Estos criterios constituyen los denominados criterios normativos de los derechos humanos al agua y al saneamiento, que sirven como referencia para evaluar tanto las políticas públicas como los instrumentos de planificación. En consecuencia, las decisiones sobre asignación de recursos, así como la definición de actuaciones, prioridades e inversiones deberán analizarse considerando su contribución al cumplimiento progresivo de estos criterios y evitando cualquier retroceso injustificado en el nivel de protección alcanzado.

Esta conexión entre la planificación hidrológica y los derechos humanos, desde un punto de vista general y conceptual, se resume en:

• La consideración de la planificación hidrológica como herramienta para hacer efectivo el derecho humano al agua. 
• Los planes deben reconocer el agua como un bien social y un derecho fundamental, no solo una mercancía. 
• Se debe priorizar el consumo humano y garantizar un suministro continuo y no discriminatorio para todas las personas, especialmente los grupos vulnerables. 

De forma concreta, la adopción de este enfoque de derechos humanos en la planificación hidrológica, significa tener en cuenta los aspectos que se citan a continuación en los correspondientes capítulos desarrollados para la elaboración de los planes hidrológicos:  

1. La priorización de usos de los recursos hídricos y el nivel de calidad y garantía en relación con el suministro de agua. Reparto equitativo para alcanzar el bienestar social.
2. Reparto de responsabilidades y gobernanza participativa, inclusiva y transparente.
3. El proceso y las fases de la planificación.

 

1. Priorización de usos y nivel de calidad y garantía de suministro de agua. Reparto equitativo

  

Uno de los principales puntos de conexión entre la planificación hidrológica y el enfoque de derechos humanos es la definición de las prioridades en la asignación del recurso. La planificación deberá asegurar, en primer lugar, que exista agua suficiente y de calidad adecuada para satisfacer las necesidades personales y domésticas de toda la población antes de considerar otros usos productivos, sin perjuicio de la necesaria compatibilización entre los distintos aprovechamientos y de la protección de los ecosistemas acuáticos.

Esto, en el ámbito de la GIRH y la planificación, implica:

• Prioridad para el agua destinada a satisfacer las necesidades humanas básicas derivadas de los derechos humanos al agua y saneamiento.
• Definición de criterios de garantía coherentes con la suficiencia, continuidad y seguridad del abastecimiento urbano.
• Asignación de recursos basada en análisis rigurosos de balances entre recursos disponibles y demandas presentes y futuras, incorporando escenarios de cambio climático y de variabilidad hidrológica.
• Garantía de que el agua destinada al consumo humano reúna las condiciones de calidada exigidas por la normativa sanitaria y ambiental. 

 Asimismo, el principio de reparto equitativo exige que las restricciones derivadas de situaciones de escasez  o sequía se diseñen  respetando la prioridad del abastecimiento humano y evitando impactos desproporcionados sobre los colectivos más vulnerables. La planificación deberá incorporar criterios previamente definidos para gestionar estas situaciones de manera transparente, objetiva y conocida por todos los ususarios. 

2. Reparto de responsabilidades y gobernanza inclusiva y transparente

La aplicación del enfoque basado en derechos humanos requiere fortalecer la gobernanza del agua mediante instituciones capaces, coordinadas y responsables ante la ciudadanía. La gestión del agua deja de entenderse exclusivamente como una función técnica para convertirse también en una responsabilidad pública orientada a garantizar derechos.

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos al agua y al saneamiento, mientras que las administraciones competentes deberán incorporar estos principios en la planificación, regulación, financiación, prestación de servicios y control de su cumplimiento.

Principio de realización progresiva:

Obligaciones inmediatas:

• Trasponer el marco legal internacional al interno.
• Planificar cómo se van a garantizar los DHAS.
• Sin discriminación.

Obligaciones de cumplimiento progresivo:

• Acceso al menos básico para todos.
• Mejora del nivel de servicio acorde a los DHAS.

La gobernanza inclusiva implica, además, favorecer la participación efectiva de administraciones, usuarios, comunidades locales, operadores, organizaciones sociales, pueblos indígenas cuando existan y demás grupos de interés, prestando especial atención a la representación de colectivos tradicionalmente infrarrepresentados. La participación debe producirse desde las primeras fases de elaboración del plan y mantenerse durante su ejecución y revisión.

 

3. Proceso y fases de la planificación y la implementación de la GIRH

El enfoque de derechos humanos no constituye una fase independiente de la planificación hidrológica, sino un criterio transversal que deberá incorporarse durante todo el ciclo de planificación. Cada una de sus etapas ofrece oportunidades para identificar desigualdades, establecer prioridades, definir actuaciones y evaluar los resultados alcanzados desde la perspectiva del cumplimiento de los derechos humanos.

Las principales implicaciones en las distintas fases, son las siguientes:

• Fase de diagnóstico

Además de caracterizar el estado de calidad de los cuerpos de agua y los balances entre recursos y demandas, el diagnóstico debe identificar los déficits existentes en el acceso al agua y al saneamiento, los colectivos vulnerables, las desigualdades territoriales y los riesgos derivados del cambio climático que puedan afectar al ejercicio de estos derechos.

• Establecimiento de objetivos

Los objetivos del plan deben incorporar metas relacionadas con la mejora progresiva del acceso universal, la reducción de desigualdades, la protección de las fuentes de abastecimiento y el fortalecimiento de la resiliencia frente a sequías e inundaciones.

• Formulación e implementación de actuaciones

Se deberán priorizar aquellas actuaciones que produzcan mayores beneficios sociales y ambientales, considerando su impacto sobre los derechos humanos y asegurando una distribución equitativa de costes y beneficios.

• Seguimiento, evaluación y revisión

El seguimiento debe incorporar indicadores específicos que permitan evaluar el grado de cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, verificando no solo el estado de los recursos hídricos sino también la evolución del acceso, la calidad del servicio, la asequibilidad y la reducción de desigualdades.

En cuanto a las implicaciones en el proceso de planificación, éste debe caracterizarse por:

• Una participación pública amplia, inclusiva, efectiva y sin discriminación, incluyendo la existencia de vías para presentar reclamaciones y revisar las decisiones cuando puedan afectar al ejercicio de los derechos humanos.
• La disponibilidad de información comprensible y accesible para todos los actores.
• Procedimientos transparentes de adopción de decisiones.
• Mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

Como resumen de los anterior, la figura que se presenta a continuación permite visualizar esos puntos de encuentro entre la visión GIRH y el enfoque básico de derechos humanos (EBDH):

 

Relación de un enfoque basado en los derechos humanos al agua y al saneamiento con la GIRH. Fuente: WaterLex 2014

La incorporación del enfoque de derechos humanos también favorece una mayor coherencia entre la planificación hidrológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6, reforzando la integración entre las políticas de agua, salud pública, protección ambiental, adaptación al cambio climático y reducción de desigualdades. De este modo, la planificación hidrológica se convierte en un instrumento no solo para la gestión del recurso, sino también de desarrollo sostenible y cohesión social.

Por último, puede afirmarse que la incorporación del enfoque basado en los derechos humanos aporta un importante valor añadido a la planificación hidrológica con visión GIRH. No se trata únicamente de garantizar el acceso al agua y al saneamiento, sino de mejorar la calidad de las decisiones públicas mediante criterios objetivos de equidad, transparencia y responsabilidad institucional.

En este sentido, el enfoque de derechos humanos contribuye a:

• Establecer un marco sólido para la definición de prioridades y la asignación de recursos.
• Orientar una planificación ambiciosa, realista y centrada en las personas.
• Reforzar la sostenibilidad social, ambiental y económica de las actuaciones previstas.
• Mejorar la legitimidad de los procesos de planificación mediante una participación efectiva y transparente.
• Facilitar el seguimiento del cumplimiento de los objetivos mediante indicadores verificables.
• Fortalecer los mecanismos y recursos para la rendición de cuentas y de protección de los derechos de la ciudadanía frente a posibles incumplimientos.

Necesidad de disponer de un marco de gobernanza idóneo

Como se ha expuesto anteriormente, la GIRH es un proceso complejo. Disponer de la información necesaria, las herramientas y procedimientos de gestión adecuados y las estructuras administrativas idóneas requiere tiempo, capacitación y asignación presupuestaria, lo que se resume en la necesidad de un marco de gobernanza adecuado. Esto implica:

1. Un marco normativo que sustente el proceso de planificación y la implementación de la GIRH.
2. Un marco institucional capacitado, dedicado y participativo que, entre otras cuestiones, permita materializar la gestión por cuencas hidrográficas, superando las delimitaciones de carácter administrativo, y considerar todos los aspectos con una visión unitaria, tanto los diferentes usos del agua como la protección del recurso y la mejora de su calidad.
3. Contar con financiación para planificar, para implementar actuaciones y medidas, para explotar y aprovechar de forma sostenible y para proteger y conservar el medio hídrico y los ecosistemas asociados.

Establecer un plan supone adoptar anticipadamente un modelo con el que dirigir y encauzar las actuaciones y medidas que se entienden necesarias para alcanzar un fin determinado, es decir, se trata de partir de un diagnóstico de la situación actual y plantear cómo sería la situación deseada en un determinado horizonte futuro. Por lo tanto, el plan necesitará tener identificado ese fin, es decir,necesitará un objetivo e igualmente precisará de una organización capaz de elaborarlo y asumirlo, velando por su aplicación, seguimiento y revisión. La planificación debe concebirse como un instrumento práctico de gobernanza, que ayuda a gobiernos, instituciones y ciudadanos para alcanzar un propósito determinado. El ejercicio de planificación ayuda al logro de las metas perseguidas utilizando para ello los recursos precisos, correctamente dimensionados, para usarlos de manera eficaz, eficiente y racional, de la forma acordada en el plan que se haya establecido.

La necesidad de disponer de instrumentos adecuados de planificación para la gestión sostenible de los recursos hídricos y la relación entre ellos

De acuerdo con la problemática existente en el país y su marco normativo e institucional, hay que considerar los instrumentos de planificación con los que resultará más oportuno trabajar. Es común la consideración de instrumentos:

1. De ámbito nacional (plan hidrológico nacional).
2. De planes hidrológicos por cuencas o unidades de gestión (según la denominación establecida en cada país).
3. De  planes específicos que abarcan parte de una o más cuencas, por ejemplo, para la gestión especial de un acuífero o planes a nivel territorial inferior a la cuenca cuyo desarrollo sea necesario para abordar problemas de especial importancia.
4. De planes complementarios sobre los mismos territorios para afrontar problemas conyunturales como pueden ser las sequías e las inundaciones. 
5. De planes específicos (abastecimiento, el saneamiento, irrigación, …) que en el marco de los asuntos del agua pueda ser necesario establecer sobre un territorio singular.
6. Etc.

La jerarquía entre estos diversos instrumentos de planificación, es decir, la prevalencia de determinados planes sobre otros y la interrelación entre los mismos, es un tema esencial a plantearse a la hora de abordar la planificación relacionada con la gestión de los recursos hídricos.  Sería deseable que esta jerarquía y la necesidad de relacionar los distintos planes se recogieran en el marco normativo del agua de cada país.

En cuanto al ámbito territorial, hay que identificar y definir a cuál se referirá el plan hidrológico, que evidentemente tendrá que relacionarse con dominios hidrográficos en los que actúa el ciclo hidrológico natural, es decir, las cuencas hidrográficas. No obstante, el criterio general de la unidad de cuenca deberá flexibilizarse racionalmente en busca de unos «territorios para la gestión y la planificación» que resulten apropiados, llevando así a la definición de las unidades de gestión, según la denominación establecida en cada país, que serán objeto de planificación. Factores como el tamaño de las cuencas, la existencia de fronteras administrativas, los rasgos socioeconómicos del territorio o la presencia de infraestructuras de trasvase entre cuencas, entre otros, deberán ser tomados en consideración para definir los ámbitos territoriales de los planes GIRH.

Merece hacer mención específica a los planes nacionales y a los planes de cuenca o unidad de gestión, a la conveniencia de establecer sus objetivos y su relación, para lo cual se podrán tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. Resulta muy conveniente para su materialización efectiva, o incluso imprescindible en algún caso, que tanto el plan de cuenca como, en su caso, el plan hidrológico nacional, estén contemplados en el ordenamiento jurídico en materia de recursos hídricos.

2. Hay dos esquemas posibles en este marco de planificación, que habrá que tener en cuenta a la hora de plantearse el desarrollo de la planificación hidrológica en cada país:

1) El primero parte de la elaboración de los planes de cuenca y concibe el plan hidrológico nacional como un elemento de coordinación entre los distintos planes de cuenca.

2) El segundo parte del plan nacional como elemento de diagnóstico a nivel nacional, que actúa como orientador y como instrumento de priorización de los planes de cuenca.

 

En cuanto a la planificación a nivel inferior a la cuenca (subcuenca o microcuenca) hay que señalar  que, aunque la cuenca hidrográfica constituye la unidad territorial de referencia para GIRH, el desarrollo de instrumentos de planificación a escala de subcuenca y microcuenca no debe interpretarse como una fragmentación del enfoque integrado, sino como una desagregación espacial y operativa de la planificación hidrológica de cuenca. La cuenca proporciona el marco sistémico en el que deben integrarse los distintos usos del agua, los ecosistemas asociados, las relaciones aguas arriba-aguas abajo y las interacciones entre los recursos superficiales y subterráneos, mientras que las subcuencas y microcuencas permiten abordar con mayor nivel de detalle las problemáticas territoriales, ambientales, sociales y productivas que presentan una distribución espacial heterogénea. Este enfoque resulta particularmente pertinente en algunas áreas, donde las diferencias entre territorios de cabecera, zonas intermedias y áreas bajas de una misma cuenca pueden ser muy acusadas y donde las capacidades institucionales, los usos del suelo, las demandas de agua y los problemas de degradación ambiental requieren respuestas diferenciadas.

La justificación de desarrollar planes de subcuenca y microcuenca reside, por tanto, en la necesidad de trasladar los objetivos estratégicos definidos para la cuenca a una escala territorial en la que puedan identificarse con mayor precisión los problemas, las presiones y las actuaciones necesarias. Especialmente en regiones o países donde falta institucionalidad a nivel de cuenca o ésta no es realmente operativa, la planificación a estas escalas permite caracterizar con mayor detalle la disponibilidad de recursos locales, las fuentes de contaminación, los procesos de erosión y sedimentación, la degradación de zonas de recarga, los conflictos entre usos, las necesidades de conservación de ecosistemas, los riesgos de inundación y sequía y las demandas específicas de las comunidades y sectores productivos. Asimismo, estos instrumentos de planificación permiten establecer programas de actuación territorialmente concretos (restauración de zonas ribereñas, protección de áreas de recarga, prácticas de conservación de suelos, mejora de sistemas de riego, reducción de vertidos, recuperación de fuentes o medidas de retención natural del agua) que difícilmente pueden definirse con el mismo grado de precisión en un instrumento de escala de cuenca. La planificación a menor escala facilita además la participación efectiva de municipios, comunidades, usuarios y organizaciones locales, evitando que la GIRH quede limitada a un ejercicio predominantemente institucional o de planificación estratégica.

La necesidad de desarrollar instrumentos de planificación a niveles inferiores al de cuenca, como se ha dicho anteriormente, está muy condicionada por la capacidad de las instituciones implicadas en la gestión de los recursos hídricos. En ese caso, la compatibilidad entre ambos niveles debe sustentarse en un principio de coherencia vertical de la planificación. El Plan Hidrológico o Plan de Gestión de la cuenca debe establecer el marco estratégico común: objetivos ambientales y de seguridad hídrica, criterios de asignación y protección del recurso, requerimientos de caudal y calidad, prioridades de uso, zonas de especial protección, objetivos de reducción de riesgos, criterios para la gestión de aguas superficiales y subterráneas, y un sistema común de información, seguimiento e indicadores. Los planes de subcuenca y microcuenca deben desarrollar estos objetivos mediante diagnósticos y programas de actuaciones adaptados a las condiciones locales, pero sin modificar unilateralmente los objetivos o restricciones que afectan al funcionamiento del sistema hidrográfico completo. A su vez, la planificación de menor escala debe generar información y evidencias que retroalimenten periódicamente el plan de cuenca, de manera que la relación entre escalas no sea exclusivamente jerárquica, sino también bidireccional y adaptativa.

Para que este sistema multinivel sea efectivo es necesario establecer desde el inicio reglas explícitas de articulación entre instrumentos y de coordinación interinstitucional. En este sentido, la planificación multinivel debe funcionar como un sistema anidado, en el que cada escala tiene autonomía para abordar los problemas que le son propios, pero todas las decisiones se encuentran condicionadas por los objetivos y restricciones del sistema hidrográfico del que forman parte.

En determinados territorios donde las instituciones a nivel nacional o de cuenca tienen un alcance limitado, este planteamiento multinivel adquiere todavía mayor importancia en contextos de cambio climático y elevada incertidumbre hidrológica. La planificación de cuenca permite analizar escenarios globales de disponibilidad, demanda, regulación, conectividad ecológica y riesgos, mientras que la planificación de subcuencas y microcuencas permite identificar dónde se concentran las vulnerabilidades y dónde determinadas medidas de adaptación pueden generar mayores beneficios. La clave es que las medidas locales se evalúen también por su contribución al comportamiento y a la resiliencia del sistema de cuenca, de forma que la suma de actuaciones locales contribuya efectivamente a los objetivos globales y no genere efectos contrapuestos.

 

 

 

La importancia de la información y del sustento técnico-científico a la hora de elaborar el plan

Al hablar de información y sustento científico-técnico para la adecuada gestión de los recursos hídricos, es indispensable hablar de innovación (acelerador ODS 6), de tecnificación, de digitalización, etc., pero siempre teniendo en cuenta que tiene que haber un entendimiento entre los dos lenguajes, el de la gestión del agua y el de la tecnificación, y que esa tecnificación ha de estar al servicio de la gestión hídrica y no convertirse en un fin en sí mismo.

La planificación hidrológica y la gestión integrada de los recursos hídricos requieren una base sólida de información precisa, actualizada y organizada. Esta información es esencial para comprender la disponibilidad y la demanda del recurso hídrico, identificar los principales problemas en su gestión, y diseñar soluciones sostenibles que equilibren las necesidades sociales, económicas y ambientales.

Entendiendo el ciclo de planificación como un proceso continuo de mejora, es de vital importancia mantener viva la información que se utiliza, ya sean datos fijos o variables, para su constante posibilidad de consulta, análisis, revisión y actualización. Ello es posible hoy en día mediante sistemas de base de datos con capacidades espaciales que, además, pueden ofrecer acceso aprovechando los recursos de internet.

Es indispensable que los instrumentos de planificación se desarrollen con sustento técnico-científico. La formulación de un plan de GIRH debe apoyarse en estudios rigurosos, modelos hidrológicos y climáticos, análisis de riesgo, etc. Esta base técnico-científica permite sustentar las decisiones frente a diferentes escenarios y dar legitimidad al proceso de planificación ante los diversos actores involucrados. Es por ello que los estudios específicos, modelizaciones y análisis que se realicen en fase de elaboración de plan y también en fase de revisión deberán recogerse en los documentos del plan (memoria más anexos).

En el contexto climático actual y considerando esa necesidad de sustento científico-técnico, la consideración del cambio climático se vuelve ineludible. Los efectos del cambio climático —como la variabilidad en los regímenes de precipitación, el aumento de eventos extremos (sequías, inundaciones), la reducción de glaciares y alteraciones en la recarga de acuíferos— imponen nuevos desafíos para la gestión del agua. Por tanto, los planes deben incorporar escenarios climáticos futuros, evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo, y estrategias de adaptación que aseguren la resiliencia de los sistemas hídricos y de las comunidades que dependen de ellos.

Es necesario mencionar que, además de servir de soporte y referencia para el apoyo de los trabajos de elaboración, seguimiento y revisión del plan hidrológico, este tipo de sistemas de bases de datos también favorecen la difusión de la información entre el público y los especialistas interesados que, con las necesarias medidas de garantía y seguridad, pueden así disponer de la misma información que la utilizada por el órgano promotor en la preparación del plan, favoreciendo de esta manera la participación y la transparencia.

Por último, no se quiere dejar pasar la oportunidad de mencionar la Inteligencia Artificial (IA), como herramienta estratégica para mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos y fortalecer los procesos de planificación hidrológica, al permitir el procesamiento y el análisis de grandes volúmenes de información hidrometeorológica, ambiental y socioeconómica, así como la identificación de patrones y relaciones no lineales entre las distintas variables, difíciles de representar mediante metodologías convencionales. Su utilización puede contribuir a mejorar la estimación y predicción de variables hidrometeorológicas (precipitación, caudales, niveles piezométricos, disponibilidad de agua o demanda), optimizar la operación de embalses y sistemas de distribución, identificar pérdidas y anomalías en las redes y desarrollar sistemas de alerta temprana frente a sequías e inundaciones.

Una ventaja, especialmente relevante, para contextos con escasez, discontinuidad o baja resolución de datos, es la posibilidad de desarrollar modelos capaces de aprovechar fuentes de información heterogéneas, como imágenes satelitales, productos de teledetección, datos hidrometeorológicos, información topográfica y registros históricos incompletos, así  para inferir o completar series hidrometeorológicas y mejorar la caracterización espacial y temporal de los recursos hídricos. No obstante, estas técnicas deben aplicarse con criterios de incertidumbre y validación, ya que la IA no sustituye la necesidad de redes de observación adecuadas.

En un contexto de cambio climático, el valor añadido de la IA reside en la capacidad de integrar escenarios climáticos con modelos hidrológicos (y de demanda) para explorar múltiples escenarios futuros posibles, evaluar la vulnerabilidad de los sistemas frente a cambios en los patrones de precipitación, temperatura y eventos extremos, y apoyar estrategias de adaptación más dinámicas y robustas. De este modo, la IA puede evolucionar desde una herramienta orientada únicamente a la predicción hacia un instrumento de apoyo a la decisión, capaz de mejorar la asignación del agua, reducir riesgos, gestionar la incertidumbre y favorecer una planificación hidrológica más eficiente, resiliente y adaptativa.