La prestación de los servicios vinculados a la gestión del agua es altamente diversa y refleja tanto la heterogeneidad territorial del ámbito de estudio como la multiplicidad de actores y modelos de gobernanza. La identificación de los prestadores de los servicios no solo permite conocer quiénes administran y operan los servicios, sino que constituye un insumo esencial para analizar sus estructuras de costes, fuentes de ingresos y capacidad para garantizar la sostenibilidad financiera de los servicios.

El plan hidrológico debe incluir un mapa institucional de los servicios del agua, que muestre de forma clara los agentes involucrados, sus funciones y las interrelaciones entre ellos. Este mapa es fundamental para:

• Comprender la distribución de responsabilidades y competencias.
• Detectar fragmentaciones o vacíos de gestión.
• Evaluar la coherencia del marco tarifario y regulatorio.

1. Clasificación de prestadores según el tipo de servicio

La clasificación debe vincular cada servicio del agua, de los previamente catalogados en 3.1, con el tipo de gestión predominante:

• Gestión pública directa: administrada por entidades municipales, estatales o nacionales.
• Entes descentralizados: empresas públicas con autonomía técnica y financiera.
• Gestión privada o mixta: operadores privados o particulares, concesiones o empresas con participación público-privada.
• Organizaciones comunitarias y cooperativas: frecuentes en zonas rurales y periurbanas, donde la autogestión del servicio responde a vacíos en la cobertura pública.

2. Diferenciación territorial de modelos de gestión

• Áreas urbanas: suelen contar con empresas públicas municipales o nacionales, operadores privados regulados o empresas mixtas, en un marco tarifario más formalizado.
• Áreas rurales y periurbanas: predominan sistemas comunitarios, cooperativas, juntas de agua potable y saneamiento o asociaciones de usuarios de riego, también es el ámbito donde suelen desarrollarse los autoservicios. Estos esquemas suelen basarse en tarifas simbólicas o contribuciones en trabajo y materiales, lo que condiciona la recuperación plena de costes.

3. Regulación y marco tarifario El análisis debe contemplar la catalogación y descripción de los precios o tributos que se aplican y su sistema o agente de recaudación, la existencia de entes reguladores nacionales o subnacionales y su capacidad para supervisar el cumplimiento de los principios de recuperación de costes, equidad, asequibilidad y sostenibilidad financiera. También debe abordar los mecanismos de supervisión técnica, fiscal y social, incluyendo auditorías, control de calidad y mecanismos de participación ciudadana. En este contexto, es esencial la construcción de un mapa que clara e inequívocamente relacione los tres elementos: 1) servicios prestados, 2) agente prestatario y 3) instrumento tributario aplicado.