En los planes hidrológicos con enfoque de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH), es fundamental adaptar el análisis económico a las características sociales, institucionales y económicas de cada territorio. Para ello, se propone una clasificación contextual que oriente la selección de criterios, fuentes de información y nivel de análisis aplicable.

Esta caracterización no busca establecer categorías rígidas, sino facilitar una lectura adecuada del entorno en el que se desarrollan los usos del agua, permitiendo adaptar el enfoque metodológico con realismo y sensibilidad. A modo de guía, pueden distinguirse algunas situaciones representativas:

• Regiones urbanas consolidadas: cuentan generalmente con servicios prestados por operadores formales, existencia de tarifas, registros administrativos y contables. En estos casos, es posible aplicar análisis cuantitativos más estructurados, con mayor disponibilidad de datos.
• Regiones rurales dispersas: en las que la gestión suele estar a cargo de comunidades organizadas, juntas de agua o usuarios individuales, con esquemas de cobro simbólicos o inexistentes. El valor del agua en estos contextos es predominantemente social y funcional, por lo que el análisis debe incorporar enfoques cualitativos o basados en percepción.
• Territorios indígenas o tradicionales: donde el uso del agua está profundamente vinculado a prácticas culturales, espirituales o de subsistencia. En estos casos, el análisis económico debe ser respetuoso con las cosmovisiones locales y centrarse en la comprensión del valor estratégico del recurso, más allá de su monetización.
• Sistemas mixtos: presentes en muchas cuencas latinoamericanas, combinan operadores públicos, privados, informales y comunitarios. Este tipo de contextos requiere enfoques flexibles y diferenciados por zona o tipo de uso, con una atención especial a la superposición de normativas, competencias y realidades sociales.

Esta clasificación es útil para ajustar el análisis económico a la realidad del territorio, interpretar adecuadamente los resultados y formular recomendaciones coherentes con el nivel institucional y social existente. Su aplicación ayuda también a identificar oportunidades para fortalecer la equidad, la sostenibilidad financiera y la eficiencia de la gestión hídrica en función del contexto.