Superar el paradigma de dominación de la naturaleza desarrollando de forma efectiva el paradigma de sostenibilidad en la gobernanza del agua es sin duda uno de los principales desafíos que, habiendo emergido en el siglo XX, sigue vigente en el siglo XXI, bajo la presión de poderosos intereses económicos. Para afrontarlo es necesario transitar de la visión del agua como simple recurso productivo a una visión ecosistémica que permita desarrollar una gestión sostenible de ríos, humedales, lagos y acuíferos, preservando sus valiosas funciones ecosistémicas. De igual forma que hoy entendemos que un bosque es mucho más que un almacén de madera, es urgente entender que ríos y acuíferos no pueden seguir gestionándose como simples canales o almacenes de H20. 

Sólo asumiendo un enfoque ecosistémico y promoviendo una adecuada planificación hidrológica y territorial a nivel de cuenca se pueden gestionar, por ejemplo, los crecientes riesgos de sequía e inundaciones derivados del cambio climático. Por otro lado, tal enfoque entra en sintonía con el reconocimiento por parte de la ONU del derecho humano a un medioambiente saludable y sostenible, lo que incluye la preservación del buen estado y la sostenibilidad de ríos, lagos, humedales y acuíferos.

En mis informes ante la Asamblea General de la ONU, y ante el Consejo de Derechos Humanos, insisto en la necesidad de discernir prioridades éticas a la hora de gestionar los múltiples valores, funciones y utilidades del agua. El agua-vida en funciones de sostén de la vida en general, y en particular de la vida, la convivencia y la cohesión de las comunidades y sociedades humanas, debe situarse en máxima prioridad. El agua para el interés común, en usos y funciones que la sociedad determine como de interés general, de forma realmente democrática, debe gestionarse en un segundo nivel de prioridad. El agua-economía en actividades productivas, más allá de las necesidades básicas, siendo de enorme importancia, debe gestionarse en un tercer nivel de prioridad. Y finalmente, caracterizo como agua-delito, la usada en actividades productivas que evenenan progresivamente a cientos de millones de personas y transforman territorios enteros en territorios sacrificados; procesos contaminantes que deberían evitarse a toda costa, como delitos de ecocidio, por rentables que sean para quienes las impulsan.

Sobre la base de estas prioridades éticas resulta consistente promover lo que desde Naciones Unidas se denomina un enfoque de la gobernanza basado en los derechos humanos. Enfoque que, además de priorizar los derechos y necesidades de quienes viven en mayor vulnerabilidad, exige una gestión del agua transparente, con rendición efectiva de cuentas y abierta a la participación de todos, sin dejar a nadie al margen y asegurando la participación igualitaria de las mujeres. Un enfoque coherente con los valores y criterios que deben presidir la gestión democrática del agua como bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie.

El Acuerdo de Escazú, en América Latina y el Caribe, marca liderazgo global de democracia participativa en la gestión del medioambiente, y en particular del agua y de los ecosistemas acuáticos. Desarrollarlo fortalecerá, sin duda, la gobernanza democrática del agua en la región.

Si queremos avanzar en los objetivos del ODS 6, debemos clarificar la naturaleza del desafío a abordar. La crisis global del agua en el mundo, con más de 2000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable, no va a resolverse con estrategias de privatización, mercantilización y financiación del agua. Esos miles de millones de personas, en su mayoría extremadamente empobrecidas, no ofrecen una oportunidad de negocio para nadie, sino que plantean un verdadero desafío democrático, que los estados y las instituciones multilaterales deben afrontar, asumiendo la prioridad presupuestaria y financiera que requiere el cumplimiento progresivo de los derechos humanos.

La cuestión se complica cuando nos referimos a cuencas y acuíferos transfronterizos, circunstancia que afecta de hecho a 153 países en todo el mundo. Es urgente, al respecto, superar enfoques tradicionales del concepto de soberanía nacional sobre las aguas que nos impiden afrontar los desafíos del siglo XXI, y en particular los riesgos que suscita el cambio climático en curso. De igual manera que los huracanes y las tormentas no entienden de espacios de soberanía nacional, los ríos tampoco distinguen fronteras cuando nos referimos a riesgos de sequía, de crecidas y de inundación. Si queremos desarrollar estrategias efectivas de adaptación al cambio climático, en beneficio de todos y todas, a un lado y otro de las fronteras, se necesitan acuerdos e instituciones de gestión y planificación transfronterizos. Por otro lado, aunque garantizar los derechos humanos y cubrir las necesidades básicas de la población que dependen de la gestión de aguas, corresponde a cada Gobierno en su territorio nacional, en cuencas y acuíferos transfronterizos tal responsabilidad debe forzosamente gestionarse de forma compartida.

Estos acuerdos, no sólo deben referirse a la disponibilidad de caudales, sino a su calidad, al estado de los ecosistemas y a la biodiversidad que sustentan, con la pesca como factor clave en la alimentación de las comunidades ribereñas. La creciente contaminación tóxica del agua, y a través de ella de los alimentos, por actividades mineras legales e ilegales, vertidos industriales y uso masivo de agrotóxicos, abre perspectivas catastróficas para toda la región de América Latina y el Caribe, haciendo del agua un vector de enfermedad y muerte, lo que sin duda alimentará tensiones internacionales en las cuencas compartidas.

La Convención de Aguas de NNUU ofrece principios y criterios de gestión ecosistémica sostenible, equitativa y participativa, que permiten prevenir conflictos y fortalecer la cooperación entre pueblos hermanados tradicionalmente por esos ríos compartidos. Promover su desarrollo debería ser una prioridad regional.