La participación pública en la planificación hidrológica se entiende como el proceso activo de involucrar a la ciudadanía, organizaciones sociales, instituciones y actores locales en la elaboración, revisión y seguimiento de los planes hidrológicos. Este proceso busca que las decisiones sobre la gestión del agua sean transparentes, inclusivas y corresponsables, incorporando la diversidad de intereses, conocimientos y necesidades del territorio.

Incluye tanto mecanismos formales específicamente regulados en la norma sectorial, tales como consultas públicas, audiencias, comités de cuenca u observatorios sociales, como dinámicas más abiertas y generales de participación activa, que pueden organizarse mediante talleres territoriales o mecanismos de colaboración digital.

La participación pública general es un pilar de la gobernanza del agua, reconocida en instrumentos internacionales y en agendas regionales de desarrollo sostenible. Esta participación, que idealmente alcanza a todos los ciudadanos que lo deseen, se complementa con el juicio y las aportaciones que emitan órganos colegiados de planificación (consejos o comités de cuenca) prevalentes, creados con tal finalidad, donde también se busca contar con una representación equilibrada de todas las partes interesadas. Son dos mecanismos participativos complementarios, que deben coexistir organizadamente.

El objetivo principal de la participación pública en la planificación hidrológica es fortalecer la legitimidad, la transparencia y la eficacia de las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos, promoviendo la corresponsabilidad y la inclusión social. Específicamente, se busca:

1. Incorporar la diversidad de perspectivas y conocimientos en el diseño y la revisión de los planes hidrológicos.
2. Garantizar transparencia y trazabilidad en las decisiones, facilitando la comprensión de los criterios técnicos y ambientales utilizados.
3. Fomentar la corresponsabilidad social en la protección y uso sostenible del agua, involucrando a actores locales en la definición de prioridades y medidas.
4. Promover la educación y sensibilización sobre los desafíos hídricos y climáticos, mejorando la resiliencia de las comunidades.

La inclusión de la participación pública en la planificación hidrológica es útil porque:

• Mejora la calidad de los planes al integrar conocimientos locales y técnicos, así como percepciones sociales sobre riesgos y necesidades.
• Fortalece la legitimidad y la aceptación social de las decisiones, reduciendo conflictos y resistencias en la implementación de medidas.
• Favorece la equidad y la inclusión, garantizando que grupos vulnerables o tradicionalmente excluidos tengan voz en los procesos.
• Aumenta la eficacia de la gestión del agua, al generar compromiso ciudadano y promover comportamientos responsables en el uso de los recursos.
• Contribuye al seguimiento y adaptación de los planes, mediante mecanismos de evaluación participativa y observatorios sociales del agua.

La importancia de la participación pública en la planificación hidrológica ha sido reconocida internacionalmente desde hace décadas. El Principio 10 de la Declaración de Río (1992) estableció que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados”, reconociendo el derecho de acceso a la información y a la toma de decisiones ambientales por parte del público. En el ámbito regional, instrumentos jurídicamente vinculantes como el Acuerdo de Escazú (2018), firmado y del que son parte la mayor parte de los países de la región, aunque no todos, reafirman estos derechos y obligan a los Estados a asegurar procesos participativos abiertos, inclusivos y con perspectiva de género, dando prioridad a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Este marco de derechos humanos, junto con los enfoques de género e interculturalidad, refuerza la participación pública como pilar fundamental de la gobernanza hídrica y de la gestión integrada del recurso hídrico en Iberoamérica.

El trabajo, debates e intercambio de conocimientos llevados a cabo en el Grupo de Trabajo sobre Participación Pública ha permitido enriquecer y elaborar el contenido desarrollado en el presente capítulo.