El balance entre recursos y demandas constituye uno de los ejes técnicos de análisis en la planificación hidrológica. A través de este procedimiento se compara la disponibilidad efectiva de recursos hídricos con las demandas existentes y futuras, permitiendo evaluar la capacidad de cada sistema de explotación (o unidad de gestión) para atenderlas bajo distintos escenarios hidrológicos. Una vez obtenido el diagnóstico de cobertura, presión o déficit, el plan puede aplicar, si se dispone de la información necesaria y un sistema concesional desarrollado, el proceso de asignación y reserva de recursos. Este proceso consiste en proponer una distribución técnica del recurso entre los distintos tipos de uso y, si procede, reservar volúmenes para futuras demandas justificadas dentro del horizonte del plan.

Los balances permiten obtener una visión precisa y cuantificada de la situación hídrica del sistema, identificando el grado de cobertura alcanzado, los niveles de garantía por tipo de uso, y las posibles situaciones de estrés hídrico o déficit.

A partir de estos resultados, el proceso de asignación busca garantizar una distribución eficiente, equitativa y sostenible del recurso, respetando los compromisos ambientales y sociales, priorizando los usos estratégicos y permitiendo la inclusión ordenada de nuevas demandas.

En los casos en que no sea viable aplicar una asignación formal, el balance detallado sigue siendo una herramienta útil para orientar decisiones de gestión, establecer prioridades de actuación y diseñar medidas progresivas de mejora.

El análisis de balances y asignación aporta valor en múltiples niveles de la planificación hidrológica:

• Justifica técnicamente las decisiones sobre el reparto del recurso y la atención a la demanda.
• Permite anticipar déficits estructurales y proponer medidas de ajuste (eficiencia, regulación, obras, control de usos).
• Orienta la ordenación de usos y la programación de reservas en función del grado de cobertura alcanzado.
• Apoya decisiones concesionales, especialmente en contextos donde los derechos de uso deben estar alineados con la disponibilidad real.
• Refuerza la transparencia del proceso de planificación, al permitir que las decisiones estén basadas en evidencia técnica.