Viabilidad de las medidas o actuaciones
La evaluación de viabilidad tiene por objeto garantizar que las actuaciones propuestas en el plan hidrológico sean razonablemente ejecutables, sin perjuicio de que, en fases posteriores, puedan llegar a requerir estudios técnicos detallados.
Esta evaluación debe adaptarse a las capacidades del país o región, y limitarse a una revisión estratégica de aspectos clave como la viabilidad técnica básica, financiera estimada, institucional, social y ambiental. A tal efecto, este análisis debe ser coherente con el de Evaluación Ambiental Estratégica, si es que se ha realizado. Hay que tener en cuenta a este respecto, que la EAE no exime de las obligaciones de la Evaluación de Impacto de los proyectos, pero sí crea un marco de apoyo muy favorable para ese segundo nivel de evaluación.
El nivel de detalle debe ser proporcional al carácter planificador del instrumento, sin exigir desarrollos propios de proyectos ejecutivos. Esta evaluación orientará la priorización y facilitará el diseño posterior, pero no sustituye los estudios específicos requeridos en fases de preinversión o ejecución.
Las actuaciones clasificadas como viables pasan al análisis de Coste-Eficacia. Las que resultan inviable, pueden serlo simplemente por la situación coyuntural en que se prepara el plan hidrológico, por lo que se mantienen en cartera, pero fuera del programa a implementar en este ciclo de planificación, hasta que se subsanen sus limitaciones o las circunstancias que la desaconsejan puedan darse por superadas.
El programa de actuaciones debe aplicar un criterio de realismo que permita filtrar o ajustar aquellas medidas cuyo contexto institucional, técnico o financiero no garantice una ejecución viable. Resulta más eficaz priorizar intervenciones compatibles con la escala de recursos y capacidades disponibles, que formular soluciones ideales pero inejecutables. Esta orientación incrementa de forma sustantiva la tasa de implementación efectiva del plan.
En entornos con recursos limitados, es aconsejable focalizarse inicialmente en un conjunto reducido de problemas críticos y objetivos prioritarios, definidos en concertación con los actores locales. A partir de esa priorización, se selecciona un número manejable de actuaciones técnicamente factibles y financieramente viables, privilegiando aquellas de alto impacto y bajo costo —las denominadas medidas “no regret”— como la protección de fuentes, mejoras básicas en redes de distribución o campañas de sensibilización, por ejemplo.
Este enfoque promueve la viabilidad operativa y evita formular programas sobredimensionados que tienden al incumplimiento. La priorización puede realizarse incluso mediante clasificaciones cualitativas simples, agrupando las medidas según su urgencia e impacto previsto (por ejemplo: inmediatas, de mediano o largo plazo), sin necesidad de recurrir a metodologías cuantitativas complejas.