El marco legal incluye el conjunto de leyes, normativas y reglamentaciones que regulan el uso, distribución, protección y conservación de los recursos hídricos, así como en general, la elaboración de cualquier instrumento de planificación sectorial en el país y, en especial, los vinculados con el agua. La existencia de un marco legal claro, coherente y actualizado es esencial para garantizar que las políticas y acciones contenidas en el plan hidrológico sean viables, eficaces y socialmente aceptadas.

Este análisis también permite identificar vacíos legales, contradicciones normativas o zonas grises que pudieran obstaculizar la implementación del plan, así como proponer recomendaciones para su actualización o armonización.

El objetivo de esta tarea es conocer y atender el marco jurídico que regula la gestión del agua en el territorio del plan hidrológico, identificando tanto las normativas generales como aquellas específicas del sector hídrico.

Contenidos clave:

a. Identificación de normas jurídicas aplicables: Sistematizar las leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas que rigen:

• Las peculiaridades del proceso de planificación, en particular, si se dispone de normativa específica sobre la planificación hidrológica, si no es así, se tendrán en cuenta los criterios generales adoptados para la planificación sectorial en el país.
• La gestión del recurso hídrico (ley de aguas, códigos hídricos, etc.).
• La protección ambiental (normas sobre calidad del agua, vertidos, ecosistemas).
• El ordenamiento territorial y la planificación sectorial (urbanismo, agricultura, energía).
• Situaciones especiales como emergencias hídricas, desastres o sequías.
• Conveniencia o necesidad de someter el plan hidrológico a evaluación ambiental estratégica.
• Requisitos de participación pública (Aplicación del Acuerdo de Escazú).
• También es relevante incluir convenios internacionales aplicables (sobre cuencas transfronterizas, por ejemplo), legislación indígena o consuetudinaria y normas locales específicas.

b. Régimen de derechos de uso del agua (captación y vertido): Describir el marco legal que regula el otorgamiento, ejercicio, transferencia y extinción de los derechos de uso del agua, y de las autorizaciones de vertido, tanto en lo público como en lo privado. A tal efecto, se debe considerar especial atención a:

• Procedimientos para la obtención de autorizaciones, licencias o concesiones. Situación del registro de aguas o del mapa de derechos.
• Requisitos técnicos, sociales o ambientales exigidos.
• Casos de informalidad, uso no registrado o conflictos de acceso.
• Mecanismos para proteger derechos colectivos o usos tradicionales del agua.

c. Normas sobre la explotación y asignación del recurso: Analizar los criterios legales que determinan:

• La prioridad entre diferentes usos del agua (abastecimiento humano, riego, caudales ecológicos, uso energético, industrial, recreativo, etc.).
• Papel de las restricciones ambientales frente a los usos; en especial, frente a los usos consuntivos.
• La compatibilidad o incompatibilidad entre usos simultáneos.
• Las condiciones de uso por tipo de fuente (superficial o subterránea).
• Las reglas para su aplicación territorial, en particular cuando se trate de subcuencas, sistemas de explotación específicos o cuerpos de agua compartidos.
• Los regímenes tributarios aplicables sobre el agua o los servicios del agua, aplicables tanto al uso como al vertido.

d. Mecanismos legales para la reasignación del recurso: Evaluar los instrumentos jurídicos disponibles para:

• Modificar asignaciones existentes en situaciones de emergencia o escasez.
• Establecer reservas estratégicas de agua (por ejemplo, para consumo humano).
• Expropiar derechos por interés público o redistribuir el recurso ante situaciones de inequidad o sobreexplotación.
• Incorporar principios de equidad, prioridad de usos esenciales y sostenibilidad.

e. Principios en que se sustentará la planificación hidrológica: Se debe obtener la visión sobre estos principios, que para causar verdaderos efectos conviene que estén recogidos en normas jurídicas relevantes, propias del país o bien, si son de carácter internacional, expresamente asumidas por el país mediante la ratificación de los correspondientes acuerdos o convenios. Entre dichos principios pueden mencionarse, por ejemplo, los siguientes:

• Quien contamina paga
• Derecho humano al agua
• Recuperación del coste de los servicios
• Eficiencia hídrica en primer lugar