El marco institucional hace referencia a las entidades, organismos y estructuras de gobernanza responsables de la gestión del agua y de la ejecución de las actuaciones previstas en el plan hidrológico, incluyendo la identificación precisa de las autoridades responsables. Este análisis tiene como objetivo comprender detalladamente la arquitectura institucional relacionada con los contenidos incorporados en el plan, identificando actores clave, funciones específicas, relaciones institucionales y capacidades operativas, garantizando la asignación clara de responsabilidades para una implementación efectiva y transparente.

El análisis institucional aporta:

• Comprensión de cómo se toman y ejecutan las decisiones relacionadas con el agua en distintos niveles (nacional, regional, local).
• Identificación de posibles solapamientos de funciones, vacíos de responsabilidad o duplicaciones que pueden comprometer la eficiencia del plan.
• Evaluación de las capacidades reales de las instituciones implicadas (recursos humanos, financieros, técnicos, jurídicos) para liderar procesos de planificación, fiscalización y ejecución de acciones.
• Reconocimiento de esquemas de cooperación existentes o potenciales (convenios interinstitucionales, redes de actores, plataformas participativas o mecanismos de asistencia técnica).
• Claridad sobre qué autoridades asumen funciones clave en la elaboración, aprobación, implementación y seguimiento del plan.
• Evaluación del grado de transparencia, acceso público a la información hídrica, canales de participación ciudadana y mecanismos de rendición de cuentas y control social.

Contenidos clave:

a) Mapa de actores relevantes: Identificación y caracterización detallada de actores públicos, privados, comunitarios, tradicionales e indígenas involucrados en la gestión del agua. Se recomienda sistematizar esta información mediante fichas que incluyan nombre de la entidad, ámbito de acción, tipo de actor, funciones principales y nivel territorial, asegurando que todas las competencias necesarias estén cubiertas y sin redundancias.

b) Instituciones con competencias hídricas y prestatarios de servicios del agua: Identificación desde ministerios, agencias reguladoras, autoridades ambientales hasta juntas de usuarios, gobiernos locales y organizaciones comunitarias. Deben documentarse claramente tanto quienes toman decisiones como quienes ejecutan, monitorean o fiscalizan las acciones.

c) Identificación de capacidades institucionales: Evaluación del nivel técnico (disponibilidad y calidad del personal capacitado), financiero (disponibilidad y estabilidad de recursos), humano (estructura y dimensión de los equipos) y operativo (capacidad efectiva para liderar procesos, implementar medidas, generar datos y coordinar acciones).

d) Cooperación interinstitucional: Revisión y evaluación de mecanismos existentes de articulación (comités de cuenca, plataformas de coordinación, convenios, mesas técnicas), considerando su formalización, eficacia y sostenibilidad. Identificación de oportunidades y necesidades para mejorar la cooperación entre sectores (agua, salud, agricultura, energía, ambiente).

e) Transparencia y rendición de cuentas: Evaluación específica del acceso público a información hídrica, canales formales de participación ciudadana en la toma de decisiones y mecanismos efectivos de control social y monitoreo del cumplimiento.

f) Identificación detallada de autoridades responsables: Para cada autoridad, administración u organismo clave, documentar:

• Nombre oficial y ámbito de competencia: denominación legal completa, nivel de intervención (nacional, regional, local, comunitario), diferenciando oficinas centrales y unidades operativas en territorio.
• Normativa legal que respalda sus funciones: leyes, reglamentos o actos administrativos específicos relacionados con gestión del agua (diseño, regulación, autorización, fiscalización, protección).
• Competencias específicas claramente descritas según el ciclo del plan hidrológico: •
  • Recolección y análisis de información técnica (diagnóstico).
  • Formulación de políticas, metas o normas (planificación).
  • Evaluación y autorización de usos del agua (regulación).
  • Implementación de acciones (ejecución de obras o medidas).
  • Seguimiento, monitoreo, fiscalización y sanciones (control y cumplimiento).
• Datos de contacto institucional actualizados: unidad o dirección responsable del seguimiento del plan, correo electrónico, número telefónico institucional, sede de trabajo y, cuando sea posible, nombre de una persona de referencia.